El Gobierno ha pactado con EH-Bildu subir un 15% las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandad o invalidez, y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de su abstención en esta norma.
Así lo ha anunciado esta formación a través de un comunicado, instantes antes de la votación de este proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso este jueves.
El acuerdo contempla que la subida del 15% se incluya en el próximo decreto ley para prorrogar las medidas de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra en Ucrania hasta el 31 de diciembre de 2022.
El Gobierno aprobó a principios de año la subida de las pensiones no contributivas, pero sólo un 3%. Con este 15%, según los cálculos trasladados por Bildu, las personas que cobran este tipo de pensiones verán incrementada su prestación entre 60 euros y 100 euros cada mes. Esta propuesta era una de las reivindicaciones que Bildu hizo llegar al Gobierno en la negociación para ampliar el alcance del decreto anticrisis.
«Ni un solo euro de la seguridad social irá al fondo»
Asimismo, Bildu asegura que «ni un solo euro de la Seguridad Social sea destinado al fondo de pensiones, evitando así la descapitalización de la Seguridad Social y blindando las pensiones públicas y su sostenibilidad«.
De esta forma, celebra haber «conseguido desbaratar la intención de las derechas de utilizar esta ley para introducir y extender los fondos de pensiones privados mediante beneficios para quien pueda pagárselos», algo que entienden como un «sálvese quien pueda que venía a debilitar el sistema público de pensiones».
«Sabemos que no es suficiente, pero estamos seguros de que esta medida supondrá un alivio para miles y miles de pensionistas y un paso más en el camino hacia la dignidad que merecen«, ha dicho su portavoz en el Pacto de Toledo, Iñaki Ruiz de Pinedo, asumiendo que «este logro no hubiese sido posible sin el empuje del movimiento de pensionistas».
Un fondo público para impulsar el ahorro privado de trabajadores en su empresa para su jubilación, como complemento de las pensiones públicas. El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para crear este vehículo con el que pretende incentivar que los empleados, ya sean de grandes empresas o pymes, del sector público o autónomos, puedan incrementar su pensión pública con ahorro a través del empleo. En concreto, se ha aprobado el Anteproyecto de ley para impulsar los planes de pensiones de empleo en primera lectura y se abrirá ahora a audiencia pública antes de emitir finalmente una norma que llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria.
El Gobierno aspira a que la ley para la creación de este macrofondo esté en vigor antes del verano del próximo año. No se trata de una propuesta nueva, sino que era un compromiso que arrastraba el Ejecutivo desde hacía tiempo. En primer lugar, era una recomendación del Pacto de Toledo para impulsar el ahorro complementario a la pensión pública. En segundo lugar, estaba incluido en el plan de recuperación enviado a Bruselas para recibir fondos públicos. Y en tercer lugar, y lo que motivaba cierta urgencia, el Gobierno se había comprometido en los Presupuestos Generales de 2021 a tener listo en doce meses este cambio legislativo, fecha que vencía en menos de mes y medio.
Cuando se habla del sistema de pensiones existen tres pilares. El primero es el de las pensiones públicas. El segundo, el de los planes privados de empleo. El tercero, el sistema privado de pensiones individuales. Escrivá ha apostado reiteradamente por impulsar el segundo de los pilares, escasamente desarrollado en España más allá de algunas grandes compañías del país. Estos sistemas los ponen las empresas a disposición de sus trabajadores para que se adhieran si así lo desean, de manera voluntaria. Con ellos, los empleados tendrán un complemento a la pensión pública cuando se jubilen. Sus condiciones se acuerdan a través de la negociación colectiva y hay diversas fórmulas.
La idea con la creación de este fondo público, según ha expresado Escrivá, es que la opción de acudir a este modelo de ahorro privado llegue a más empresas, a autónomos y a empleados públicos. “Hay que enmarcarlo en un conjunto de medidas de refuerzo y modernización del sistema de pensiones”, ha apuntado. Aunque es una estrategia conjunta, como ha explicado Escrivá, la creación de este fondo tiene una vida legislativa y de tramitación parlamentaria independiente de la reforma de las pensiones que ultima los trámites en el Congreso y que ha incluido, entre otras medidas, la subida de las pensiones conforme al IPC o los mecanismos de equidad intergeneracional.
Escrivá ha señalado que actualmente solo uno de cada diez trabajadores españoles cuentan con un plan de pensiones privadas de este tipo. Sin embargo, ha evitado fijarse un objetivo respecto al número de partícipes que pretende alcanzar con esta medida. Si bien, ha señalado que en Euskadi, con mayor desarrollo de este mercado, son uno de cada dos y en otros países se encuentra en torno a uno de cada tres. “Es muy difícil hacer estimaciones”, ha asegurado.
La norma incluye la creación de este fondo público, aunque con algunas peculiaridades. Escrivá ha insistido en que el objetivo es que el Estado sea “promotor” de esta iniciativa, para lograr que se desarrollen estos vehículos hacia trabajadores a los que no llegaban hasta la fecha. Sin embargo, pese a ser creado por el Gobierno, el fondo tendrá gestión privada. Mediante un concurso público se seleccionará a las gestoras privadas que desarrollarán las inversiones de este fondo. Aunque Escrivá no ha entrado en detalles, en los desarrollos previos se limitaba el acceso a las gestoras más pequeñas al imponer un nivel mínimo de patrimonio bajo gestión.
El Gobierno aspira a que este nuevo fondo público cuenten con un coste bajo para atraer a más partícipes de los que existen actualmente. Para ello, la ley fija un nivel máximo de comisiones y las gestoras interesadas en ser adjudicatarias de la gestión del fondo tendrán que ofrecer porcentajes más bajos que ese baremo.
Pese a que la gestión de los activos será privada, el Gobierno pretende garantizar un control público de este fondo. Para ello, se va a crear una comisión de control para supervisar y monitorizar la gestión del dinero. Esta comisión tendrá una mayoría de representantes del Estado, así como representantes de los sindicatos y de las patronales. Esta comisión se encargará de fijar la política de inversión que tendrá que estar asemejada a “las mejores prácticas existentes, será una vigilancia y un control muy estrictos”.
Escrivá ha señalado que será el convenio colectivo sectorial el que abra la puerta a que las empresas de cada sector puedan adherirse a este fondo público, con el objetivo de que llegue a las de menor tamaño. Además, defiende, se simplificará la vía administrativa para crear fondos de pensiones de empleo.
El Ejecutivo ya había ido preparando el terreno antes de esta ley para incentivar los planes de empleo. En los Presupuestos de 2021 se redujo de 8.000 a 2.000 euros el limite de aportaciones anuales a los planes privados individuales, que además se podían posteriormente deducir en la declaración del IRPF, al tiempo que se aumentaba el límite para los fondos de empleo. En los presupuestos del año próximo se vuelve a limitar a 1.500 euros el límite para los fondos individuales. Esta medida y la creación de un nuevo competidor público en el sector han sido ampliamente criticados por aseguradoras, bancos y fondos, así como la CEOE, que llegó a hablar de competencia desleal. Entre los sindicatos también han existido recelos en aspectos relevantes como la gestión que se hace de estos fondos.
El programa trazado por el ministro José Luis Escrivá para reducir los gastos de la Seguridad Social a costa de rebajar las futuras pensiones públicas encajan en la nueva normativa sobre planes privados de empleo. Este proyecto, asumido sin contratiempos en la comisión del Pacto de Toledo y aprobado con amplia mayoría en el Congreso, está despertando recelos y rechazos en su tramitación parlamentaria. Los grupos de izquierda que sostienen al Gobierno de coalición e incluso Unidas Podemos presentan enmiendas al proyecto. Era previsible, el modelo Escrivá es un sistema de capitalización inspirado en las EPSV de Euskadi, un producto financiero implantado sobre todo en las instituciones vascas, que compite con las pensiones públicas, agudiza las desigualdades sociales, favorece a las rentas salariales altas y otorga privilegios fiscales. Tal es así que el rechazo al proyecto Escrivá del sindicato nacionalista LAB le ha movido a reconsiderar hasta su implicación en las EPSV, tras 25 años apuntalándolas.
Fondo público con gestión privada
La nueva ley de planes de pensiones de empleo sustituirá a la que los regula desde el año 2002, habiendo sido creados en 1987 para desarrollar los instrumentos de previsión social complementaria previstos en la Constitución. La actual reforma responde a la 16ª recomendación de los acuerdos del Pacto de Toledo del 2020, orientada a impulsar fondos de pensiones de empleo a través de la negociación colectiva. Aunque el plan se establece en el marco empresarial, de entrada no lo asumen ni patronal ni sindicatos. Tampoco agrada a la banca y otras entidades financieras, dado que afecta a su negocio en los planes de pensiones individuales. Las reticencias irán desapareciendo cuando se calculen las ventajas que aporta el plan en materia de beneficios fiscales, deducciones en bases de cotización y participación en la gestión. El Gobierno está obligado a tener aprobado la reforma a finales de junio, a fin de cumplir con el plan de recuperación y recibir las siguientes ayudas del fondo europeo Next Generation.
El objetivo declarado de la actual reforma es consolidar el segundo pilar de previsión social complementaria mediante planes de pensiones de empresa. A tal fin destacan estas medidas: 1) Crear un fondo público gestionado por el sector privado. 2) Generalizar su implantación mediante la negociación colectiva, sobre todo a nivel sectorial. 3) Acoger en el plan a trabajadores de rentas medias, bajas y autónomos. 4) Reducir los costes de gestión para que los planes sean más rentables. 5) Ofertar nuevos incentivos fiscales que los hagan más atractivos.
El punto débil del plan es evidente: encomendar al sector privado un proyecto público puede acabar en rescates como el de las autopistas radiales de Madrid o el “banco malo” Sareb en el sector inmobiliario. El hecho de que al frente del proyecto esté una entidad pública no evita los riesgos que conlleva la gestión privada, necesariamente con ánimo de lucro. Siendo un fondo de promoción pública debería tener gestión pública. Muchos negocios con la garantía del Estado acaban en socialización de pérdidas. Este plan, definido por el volumen de capitalización como superfondo y macrofondo, puede acabar en un rescate monumental, como el de la banca en la crisis del 2008, que superó los 77.000 millones de euros y según el Banco de España no se podrán recuperar 60.600 millones de euros.
Para prever los efectos de los futuros planes de pensiones de empresa basta compararlos con las EPSV de Euskadi, modelo de referencia reconocido por el propio ministro Escrivá. Este sistema sólo se ha logrado implantar en los tres niveles de las administración pública vasca, que agrupa a 143.000 trabajadores, y en grandes empresas de Gipuzkoa, en particular la Corporación Mondragon. La razón es obvia: para poder contratar cualquier plan de pensiones hay que disponer de un nivel de renta medio o alto. Con un empleo precario ni se puede ahorrar ni hay nada que desgravar.
Las ventajas fiscales serán de dos tipos: 1) Las empresas podrán dejar de cotizar a la Seguridad Social hasta 115 euros al mes por trabajador, lo cual supone un ahorro individual de cerca de 400 euros al año. 2) El personal vinculado al plan podrá reducir su cuota del IRPF hasta 8.500 euros, que sumados a un posible plan privado alcanzaría los 10.000 euros. La Agencia EFE decía el 24 de octubre de 2021: “según se detalla en el plan de recuperación, transformación y resiliencia remitido a Bruselas, se busca que en 2030 haya 13 millones de trabajadores partícipes en estos planes y que, a más largo plazo, cubran al 80 % de la población activa ocupada”. Haciendo cuentas, a razón de 400 euros por persona, esas cifras suponen que la Seguridad Social dejaría de ingresar 5.200 millones de euros al año. Son incentivos que merman los ingresos de la caja de la caja común de las pensiones y de las haciendas públicas, favoreciendo a quienes más ganan a costa del resto de la población asalariada.
Enmiendas de los partidos de izquierda
El cuestionamiento del proyecto Escrivá lo inició el BNG con una enmienda a la totalidad respaldada por ERC, EH-Bildu, Más País, la CUP y Compromís, contando el Gobierno con el apoyo de las derechas, del PNV a VOX. La enmienda a la totalidad del BNG se basaba en este tipo de argumentos: “Se materializará de forma perversa en los centros de trabajo, va a generar un trato muy discriminatorio entre trabajadores, y se convertirá en un nuevo elemento de discriminación brutal entre los trabajadores y trabajadoras que tengan una mala situación económica desde el punto de vista salarial. Hay un proceso en marcha de discriminación gravísimo dentro de la clase trabajadora”.
Las enmiendas planteadas por EH Bildu van en la línea de reconocer a las comunidades autónomas el derecho a crear sus propios fondos de pensiones de empleo de promoción pública. En ese aspecto indica: “También tendrán esta consideración los promovidos por los Gobiernos Autonómicos que así lo decidieran”. En el mismo sentido se pide que la normativa de los fondos se aplique “sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas en materia de mutualidades no integradas en la seguridad social…”. Aunque sin citarlas, se busca el encaje de las EPSV de Euskadi al referirse a “planes de pensiones de empleo preexistentes…”. De modo que EH Bildu asume la lógica del plan Escrivá, con la condición de que las CCAA puedan implantarlo en su propio territorio. Su visión coincide con la del PNV, aunque EH Bildu insiste en que los planes de pensiones de empleo “mantengan su naturaleza pública”.
Las enmiendas de ERC se ciñen a los argumentos y las demandas de las plataformas de pensionistas. Cita textual: “Esquerra Republicana considera innecesario y peligroso crear un fondo de empleo de promoción pública gestionado por el sector privado, en la medida que puede significar la vía de acceso a un sistema de pensiones mixto, donde las pensiones públicas de todos los trabajadores no resulten suficientes para tener acceso a una vejez digna. Las pensiones son un derecho de todos los trabajadores. Son un asunto público que debe ser gestionado por el poder público. La aprobación de este precepto supondría proporcionar a la banca y al capital financiero una puerta de entrada a la competencia directa del sector financiero privado con respecto al sistema público de la Seguridad Social. Esta propuesta supone un paso más en el camino de recorte de las pensiones públicas en favor de los planes de pensiones privados, aunque sean colectivos”.
Apuros en Unidas Podemos
El sector minoritario del Gobierno está atrapado en los versos de Machado: “ni contigo ni sin ti, tienen mis males remedio…” El plan Escrivá cuenta con el respaldo del Presidente Sánchez y de la Unión Europea, de modo que en ese aspecto UP tiene escaso margen de maniobra dentro del Gobierno. La diputada Meri Pita, hoy en el grupo mixto del Congreso, que formó parte de la comisión del Pacto de Toledo, no estaba conforme con el documento final aprobado el 19 de noviembre del 2020, aunque tuvo de aceptarlo sin presentar enmiendas. Por otro lado, ese proyecto distancia a UP del resto de las fuerzas de izquierda del Congreso que votaron a favor de la enmienda a la totalidad del BNG.
Mientras Yolanda Díaz imita a Hamlet con el ser o no ser de su candidatura a las próximas elecciones generales, UP se arriesga a perder espacio en el bloque de la izquierda. Aunque sin cuestionarlos, esta vez UP presenta enmiendas a los planes de pensiones de empleo en la línea de recortar sus ventajas fiscales, reclamando limitar deducciones y reducciones en la base imponible del IRPF. También plantea que la vinculación sea voluntaria, no obligatoria, así como aplicar medidas correctoras para evitar la brecha de género. La propuesta más efectiva que plantea UP no guarda relación directa con los planes de pensiones de empleo. Consiste en eliminar los topes máximos de cotización de las rentas más elevadas, con esta justificación: “Es necesario promover medidas dirigidas no a mermar, sino a garantizar la sostenibilidad financiera del primer pilar de nuestro sistema de previsión social, de manera que las rentas más altas contribuyan en mayor medida a su sostenimiento”.
El destope de las bases de cotización está en el debate abierto sobre el futuro de las pensiones. Sería una medida positiva que aportaría a las arcas de la Seguridad Social cerca de 6.000 millones de euros anuales. No es justo ni equitativo que Ana Botín, por ejemplo, cotice por 4.139 euros mensuales si cobra 1 millón de euros. Lo lógico sería contribuir por los ingresos reales. Cabe hablar de compensaciones, incrementando la pensión máxima de jubilación, que en 2022 es de 14 pagas de 2.819 euros. Esa cantidad resulta insignificante si se compara con los grandes sueldos, pero lo realmente preocupante es tener que sobrevivir con una pensión contributiva de viudedad de 547 euros.
Los agentes sociales, pieza clave del proyecto
El plan Escrivá está diseñado para expandir los fondos de pensiones de empresa a través de la negociación colectiva. Ese procedimiento convierte a la patronal y sindicatos mayoritarios en partícipes privilegiados e imprescindibles. El macrofondo está destinado a mover enormes recursos económicos, no cabe imaginar que las empresas lo frenen, aunque Hacienda se oponga a recuperar las deducciones en el impuesto de sociedades suprimidas el año 2013. Por ahora las centrales sindicales se muestran reticentes, pero carecería de sentido que rechazasen los fondos de empleo equivalentes a las EPSV del País Vasco que ellos asumen en los convenios colectivos. Es más, CCOO y UGT tienen sus propios planes y no dudan en legitimarlos. En el portal digital de UGT se llega a una conclusión desconcertante sobre el fondo de pensiones común de CCOO y UGT que gestiona el BBVA: “Es perfectamente compatible combinar objetivos financieros con valores sociales”.
La sorpresa la ha dado LAB con un imprevisible anuncio recogido por Noticias de Gipuzkoa el 26 de marzo de 2022:
Tras un debate interno con su militancia, el sindicato concluye que las EPSV se han desarrollado en una dirección contraria al modelo que defiende LAB. Los motivos son varios: “las prestaciones no son universales, no se basan en la solidaridad entre los trabajadores, aumentan las desigualdades, dan cobertura a una minoría, no han conseguido complementar el sistema de pensiones u ofrecer complementos dignos, las inversiones carecen generalmente de ambición y capacidad para influir de forma estratégica en el tejido económico propio y no han servido para dar pasos en la creación de un sistema público propio.”
Por el momento ELA, CCOO y UGT se han limitado a expresar sorpresa, a la espera de que LAB precise el alcance de su decisión. Quien sí ha reaccionado a favor de la postura de LAB es la corriente abertzale del colectivo de pensionistas, hasta ahora reacia a cuestionar las EPSV, pese a ser una de las causas de la ruptura del movimiento de pensionistas a comienzos del 2020, dos años después de su creación.
El dudoso porvenir de la reforma Escrivá
Las pensiones públicas tienen dos problemas básicos interdependientes: pensiones mínimas y brecha de género. Los planes privados de empleo no contribuyen a resolverlos, al ser productos financieros que requieren capacidad de ahorro y están concebidos para favorecer a rentas salariales medias y altas, mientras las bajas son de subsistencia. Lo más grave es que esos planes de inversión cotizan menos de lo que deberían a la seguridad social y se benefician de desgravaciones fiscales. Por tanto, adolecen de faltan de equidad e intensifican las desigualdades sociales. Se trata de práctica económica extractiva contraria al bien común.
El ministro Escrivá cae en una flagrante contradicción al proclamar de forma reiterada la sostenibilidad de las pensiones públicas. El pasado 10 de abril declaraba en una entrevista publicada en La Razón: “A los pensionistas hay que decirles que hemos dado un paso decisivo para que su poder adquisitivo esté garantizado de forma permanente. Deben estar tranquilos”. El Sr. Escrivá es consciente de que el método válido para lograr pensiones dignas es tener buenos salarios. Lo recordaba el 27 de enero de 2022 en psoe.es: “No hay política que refuerce más nuestro sistema de pensiones que la creación de empleo y más si ese empleo es de calidad, como muestra el incremento de empleo indefinido”. De modo que no tiene sentido impulsar desde el Gobierno planes privados de empresa. El único motivo creíble para lanzar tales productos financieros, pensando siempre en los intereses de las rentas medias y altas, es una futura reducción drástica de las pensiones públicas que condenaría a las rentas bajas al empobrecimiento.
En ese escenario se sitúan algunas plataformas de pensionistas que pronostican la privatización de las pensiones públicas. Pudiera ocurrir que futuras reformas, tales como la ampliación del periodo de cotización de 25 a 30 años, continuasen reduciendo la tasa de reemplazo que ahora ronda al 72 % del último salario. Es probable que se intente ir hacia el modelo mixto público-privado que predomina en Europa. Ya lo tenemos en los otros dos pilares del estado de bienestar: sanidad y enseñanza. La privatización, sistema neoliberal que fracasó en Chile, es conflictiva, no resulta funcional. Aunque a largo plazo cabe imaginar nuevas reducciones de las pensiones públicas, sorprende que esa posibilidad preocupe más a algunos pensionistas de hoy que a la mayoría de los de mañana. Ese rechazo a los planes privados de empleo, más allá de sus nefastas consecuencias, sitúa en un segundo plano la demanda primordial: equiparar las pensiones mínimas con el SMI para suprimir las pensiones de miseria y reducir la brecha de género.
SI las aportaciones a planes de pensiones de empleo cotizasen a la Seguridad Social igual que el resto de retribuciones salariales y no tuviesen desgravaciones fiscales, serían un producto financiero más, como contratar un fondo de inversión. Por tanto, lo razonable es centrarse en abolir sus privilegios. Sin ventajas perderán cualquier atractivo. Todos los productos financieros son especulativos y provocan desigualdades sociales. Lo mismo pasa con los sueldos altos comparados con los bajos o el empleo público respecto al precario. La base de la justicia social es un sistema fiscal progresivo, favoreciendo a quien tiene menos recursos, no al revés.
Lo que más cabe destacar del proyecto de los fondos privados de empresa es que, al utilizar como modelo las EPSV vascas se constata, como acaba de hacer LAB tras un cuarto de siglo promoviéndolas, que lo uno y lo otro son ejemplos de inequidad social. Se trata pues de la reforma de un Gobierno que se declara de izquierdas y va a necesitar el apoyo de las derechas para sacar adelante una de las iniciativas más significativas de la legislatura, pero que no pasará a la historia como una medida progresista.
El fondo público de pensiones ha dado un nuevo paso para convertirse en realidad tras la aprobación, este martes, del proyecto de ley que establece la creación de este nuevo sistema, que pretende atraer a empresas, autónomos y empleados públicos a los fondos de pensiones vinculados al empleo, como opción complementaria de ahorro para la jubilación.
El Consejo de Ministros ha enviado al Congreso el texto, que ahora deberá enfrentarse al proceso parlamentario antes de ser finalmente efectivo a mediados de año, según las previsiones del Ejecutivo. Para sacarlo adelante, el Ministerio de Seguridad Social ha incluido algunas modificaciones, pero no ha logrado convencer ni a la patronal ni a los sindicatos.
El departamento de José Luis Escrivá ha puesto el foco en dos colectivos para lograr que este nuevo fondo tenga un efecto real: autónomos y funcionarios. La inclusión de los trabajadores por cuenta propia es la principal novedad de este sistema de ahorro. Hasta ahora, únicamente tenían acceso al conocido como tercer pilar del ahorro para la jubilación, los fondos individuales. Ahora, el Gobierno busca darles cabida en el segundo pilar, los planes vinculados al empleo. Para ello, se duplica la aportación que los mismos pueden hacer para el ahorro privado. Hasta 2021, explica la Seguridad Social, podían aportar únicamente 2.000 euros al año. A partir de la entrada en vigor de la norma podrán aportar 5.750 euros anuales.
El Gobierno busca con esta ley crear un ámbito dentro de los planes de pensiones privados que se denomina “planes simplificados”. Con ello se pretende atraer a las pymes y a los autónomos, que hasta ahora quedaban por completo fuera de este segundo pilar y que suman un gran número de asalariados en España. Con el texto remitido al Congreso se reducen los trámites para crear este fondo, facilitando que llegue a empresas y trabajadores por cuenta propia con menos recursos. Serán las organizaciones de autónomos las que promoverán estos planes, a los que podrán adscribirse sus afiliados. “Es lo más novedoso del plan, reforzar el componente profesional de la protección social de los trabajadores autónomos”, apuntan desde el Ministerio.
Los trabajadores por cuenta ajena ya podían adherirse, mediante la negociación en la propia empresa, a fondos de pensiones vinculados al empleo. Pero en la práctica este tipo de fondos apenas cubre a los trabajadores de grandes compañías y, por tanto, a empleados que mayoritariamente tienen un nivel salarial más elevado. Es un sector bastante reducido, que apenas cubre a 1,9 millones de trabajadores y que tiene la mitad del patrimonio gestionado en cinco compañías del Ibex 35: CaixaBank, Endesa, Telefónica, BBVA y Bankia, aunque esta última ya está integrada en la primera.
El Gobierno planteó desde un primer momento su intención de atraer a más empresas y trabajadores a estos vehículos. Para ello, ha ido aprobando rebajas a los incentivos fiscales de los planes individuales, favoreciendo los planes de empresa. Desde este año solo se pueden destinar 1.500 euros a aportaciones a planes individuales, frente a los 8.500 euros de los vinculados al empleo. Sin embargo, el actual diseño de este fondo público ha sido criticado por las patronales. Entienden que no existen suficientes incentivos para estos productos.
Tampoco en los sindicatos convence el instrumento. “Es una medida que no goza de relevancia práctica”, ha apuntado Carlos Bravo, secretario de políticas públicas de CCOO. “Es un proyecto de ley que cumplirá con los hitos del plan de reconstrucción, que aporta una opción más para la exteriorización de compromisos por las pensiones, pero que realmente aborda un problema inexistente”, señala. El Ministerio defiende que ya ha planteado distintos incentivos en el desarrollo de la ley, como la opción de que las empresas puedan reducirse hasta en 115 euros las cuotas a la Seguridad Social por aportaciones a estos fondos del segundo pilar.
Cambios para funcionarios
El otro colectivo para el que llegan cambios aparejados a este nuevo fondo público es el de los funcionarios. Las aportaciones de fondos de pensiones para trabajadores públicos desaparecieron de manera generalizada en la pasada crisis financiera y es algo que no se ha recuperado. Desde el Ministerio reconocen que es una “insistente demanda” de los sindicatos. Y apuntan que hay contactos con Hacienda para recuperar la partida presupuestaria perdida. “No hay nada concreto todavía, pero puede ser en un horizonte cercano, como el próximo ejercicio”, señalan desde Seguridad Social. “Es evidente que este desarrollo se va a producir y falta por ver en qué términos”, apuntan.
Desde el Ministerio consideran que la atracción de los trabajadores públicos es uno de los aspectos relevantes de este proyecto de ley. De hecho, el desarrollo de esta norma volverá a incluir este aspecto, que había desaparecido en el pasado, dentro de la negociación colectiva entre los sindicatos y la administración. El objetivo que ha señalado Seguridad Social en distintas ocasiones es atraer a empleados públicos de administraciones más pequeñas, como ayuntamientos, que hasta la fecha tenían más complicado acudir.
En lo que respecta a los trabajadores por cuenta ajena del sector privado, el Ministerio ha impulsado esta norma sin el acuerdo con los agentes sociales. Minutos después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tanto la patronal de las aseguradoras, Unespa, como el sindicato CCOO ponían en duda la efectividad de la norma. “Hemos tratado de ser todo lo dialogantes posible”, señalan desde el Ministerio. “Tampoco nos hemos encontrado con propuestas muy concretas por su parte”, apuntan.
Cómo funcionará
Una vez culmine el trámite parlamentario, el objetivo es que el fondo comience a funcionar a partir de verano, siempre según las previsiones del Gobierno. La norma establece que sea la negociación sectorial la que incluya la posibilidad de acudir a estos fondos para los trabajadores. Desde el Ministerio lo vinculan con la reforma laboral aprobada por Trabajo, al “reforzar la negociación colectiva”. Es decir, ya no dependerá de si una empresa decide negociarlo con sus trabajadores sino que se abordará a nivel sectorial. Con ello, el Gobierno confía en que pueda llegar a las pymes, frente a un sistema que ha primado fundamentalmente a las grandes empresas.
Una vez salga adelante ese acuerdo sectorial, habrá que buscar a qué fondo adscribirse. Es aquí donde el Gobierno pretende que el fondo de impulso público se haga un hueco en un sector que ya existe. ¿Cómo? Seguridad Social confía en que pueda competir en precio respecto a otros fondos. Esto se realizará con una limitación de las comisiones. En el anteproyecto de ley se fijaba un límite del 0,3%, aunque en el proyecto que llegará a las Cortes ese tope desaparece. Se ha justificado en que es un aspecto que se debe delimitar en una reglamentación posterior. Pero el Ministerio mantiene que “ese es el objetivo”.
¿Quién gobierna este fondo? En primer lugar, aunque se habla en singular, se puede tratar de múltiples vehículos, pero todos dependientes de una misma estructura. Esta tendrá dos comisiones. La primera es la más política, donde están representados el Ministerio de Seguridad Social, con mayoría; Hacienda; Trabajo; Asuntos Económicos y Transición Ecológica. Será la comisión promotora o de seguimiento y, entre otras cuestiones, tendrá la capacidad de escoger a las gestoras que se ocuparán de estos fondos. Establecerá también el marco común de la estrategia de inversión, que se revisará cada tres años.
La segunda estructura incorpora a los agentes sociales. Esta comisión de control tendrá cinco representantes de la Seguridad Social, cuatro de los sindicatos y otros cuatro de la patronal. En un primer momento, el Gobierno mantenía el control de este órgano con nueve representantes. Esto se ha corregido durante la negociación con los agentes sociales, aunque finalmente no se haya alcanzado un acuerdo global. Esta comisión realizará la supervisión continuada del fondo y podrá plantear la sustitución de la gestora.
¿Y por qué elegir un fondo público y no los privados que ya existen? El Gobierno responde a esta pregunta con dos razones. La primera es la gobernanza. Desde el Ministerio confían en que el hecho de estar impulsado por el sector público dotará de mayor confianza a estos vehículos para los trabajadores. Además, se fijan objetivos de inversión sostenible, que estarán diseñados por el propio Ejecutivo en la comisión promotora. La segunda razón que esgrime el departamento de Escrivá obedece a que confía en poder ofrecer un menor coste que otros vehículos, haciéndolo más atractivo. Además, defienden desde el Ministerio, “de manera natural” se irán cimentando estos fondos vinculados al empleo como un método para “fidelizar” a los trabajadores en las empresas.
El Consejo de Ministros dio luz verde definitivamente al proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones con el que se pretende dar un impulso definitivo al ahorro complementario para la jubilación, una de las tareas pendientes de España si elevamos la comparación al resto de países del entorno comunitario y, más allá, se trata de una demanda de Bruselas de cara a la reforma del sistema público de pensiones.
En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Eso sí, el texto no incluye definitivamente una de las demandas del sector privado, que ha trasladado al Ejecutivo hasta el último momento previo a la aprobación y que era una condición para sostener un apoyo público a la medida: la desgravación fiscal en el impuesto de Sociedades.
Se espera, según el calendario comprometido con la Comisión, que estos fondos de promoción pública estén activos para la segunda mitad de 2022. De ello dependerá que nuestro país reciba el tramo correspondiente al segundo semestre de este año procedente de los fondos Next Generation, por valor de 6.000 millones de euros.
¿Para quienes va destinado el instrumento de ahorro?
El objetivo del Gobierno es alcanzar y agrupar en estos planes de pensiones de empleo a cerca de 10 millones de trabajadores en nuestro país y quintuplicar la base de dinero depositada en estos instrumentos por parte de los trabajadores, hasta alcanzar los 300.000 millones de euros. Principalmente, son objeto de esta reforma los tres millones de trabajadores autónomos de nuestro país, los cerca de tres millones de trabajadores que se encuentran empleados en alguno de los niveles de la administración pública (según los últimos datos EPA) y los trabajadores de pymes que no tienen acceso a estos planes de ahorro, muy concentrados en las grandes corporaciones.
¿Deberán, obligatoriamente, ahorrar todos los empleados españoles tras la reforma?
La ley aprobada para el impulso de los planes de empleo no recoge ningún elemento nítido y claro de obligatoriedad sobre el uso de los instrumentos de ahorro. En Reino Unido, se incorporó para el fomento de estos planes el denominado autoenrollment, que se trata de un aspecto de automatización por el cual cada trabajador que se incorpora a una compañía comienza a aportar por defecto a este plan de jubilación. Y es el mismo empleado quien debe trasladar de forma expresa su deseo de salir del plan que tenga la empresa abierto para sus trabajadores. En el caso de España tan solo se añade un punto en que se fija el deber de negociar (pero no de pactar) la previsión complementaria en los procesos de negociación colectiva sectorial de las empresas. Más allá, este punto, al colgar de la ley reguladora de fondos y planes de pensiones, carece de obligatoriedad legal, y según apuntan los expertos consultados por eE se podría tener que replicar en el Estatuto de los trabajadores si se quiere imponer como un deber de cara a futuras negociaciones.
¿Y si mi empresa decide abrir un plan simplificado para sus trabajadores?
En primer lugar, los trabajadores tendrán la opción de aceptar o rechazar el plan de ahorro, tal y como sucede con los actuales fondos ya regulados por ley y promovidos desde el sector privado. Ahora bien, estos planes serán abiertos a futuro por una decisión acordada en negociación colectiva por parte de los empresarios y de los sindicatos, y en los que también habrá representación designada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por lo que se presentará con condiciones aceptadas por todas las partes.
¿Cómo serán mis aportaciones? ¿Cuánto dinero destinaré?
En el caso de que el trabajador decida incorporarse al nuevo sistema de ahorro, comenzará a destinar dinero de su nómina para el fondo de pensiones. De la negociación colectiva saldrá un acuerdo sobre el porcentaje de la nómina que se destina al plan (en Reino Unido esta aportación que sí es obligatoria alcanza el 8% del sueldo) y también se decidirá si la empresa realiza aportaciones complementarias a este fondo, para acompañar las realizadas por el empleado. De este modo, al plan del trabajador se destinaría cada mes la cuantía propia y la aportada por el empleador. Desde el sector privado, se demanda en este punto que también el Estado pueda incorporarse a estas aportaciones. En Reino Unido, un 3% de estas contribuciones corre a cargo del empresario empleador, un 4% a cargo del empleado, y un 1% de aportación a cargo del Estado.
¿Qué beneficios tengo al aportar al fondo público de pensiones?
En primer lugar, el trabajador que comienza a aportar al fondo público de pensiones estará generando ahorro complementario para la prestación pública que le otorgará la Seguridad Social al abandonar el mercado laboral. En segundo lugar, tanto el empleado como el empresario podrán disfrutar de incentivos si aportan al plan de ahorro. Cabe recordar, que el Gobierno podría introducir a futuro medidas sobre el sistema público que provoquen una merma de las cuantías iniciales de la pensión de jubilación. Sin ir más lejos, la ampliación de 25 años a 35 años del periodo cotizado para el cálculo de la base reguladora
¿Qué incentivos fiscales hay por aportar al plan de ahorro?
En el punto de los incentivos fiscales que se darán por aportar al plan de empleo, se puede dividir la oferta en tres partes, en función de los diferentes destinatarios. Por un lado, el trabajador podrá desgravarse hasta 1.500 euros anuales por aportar a estos planes, siempre y cuando sea el único que contribuya al fondo. Si el empresario complementa estas aportaciones, la cantidad a desgravar podrá alcanzar 8.500 euros más. Además, se encuentran los incentivos para el empleador que se han sustanciado en el texto aprobado -son los únicos que se fijan en el anteproyecto de ley, los límites exentos para las aportaciones se concretaron en los Presupuestos Generales del Estado de 2022- que suponen una desgravación en la cuota a la Seguridad Social de hasta 301 euros anuales por trabajador. En el último borrador no se incluyeron incentivos para el impuesto de Sociedades que reclamaba el sector privado como un gesto de acercamiento a la medida. Cabe recordar que hasta 2013, las aportaciones del empleador también se reducía en hasta el 10% del tributo por Sociedades.
Escrivá aumenta la presión sobre Unidas Podemos para aprobar su plan de pensiones privadas de empleo
Un nuevo tramo de ayudas europeas depende de la aprobación de un plan de pensiones privadas de empresa que, según todos los socios de izquierda del Gobierno y el movimiento pensionista, supone lastrar las cuentas de la Seguridad Social.
El Proyecto de Ley para impulsar los planes de pensiones de empleo tiene que estar aprobado a finales de junio para cumplir con Bruselas y destrabar miles de millones de euros de los fondos Next Generation. Sin embargo, a escasas semanas de que acabe el plazo, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios y la negociación de las enmiendas promete ser entretenida.
La ley de Escrivá superó su primer examen en el Congreso el pasado 24 de marzo, cuando PSOE y Unidas Podemos votaron junto con PP, Vox, Ciudadanos y PNV para que el proyecto siguiera su trámite parlamentario. Por su parte, BNG, ERC, EH Bildu, Más País-Equo, CUP y Compromís votaron en contra del plan.
Ahora, para aprobar el texto definitivo, el Gobierno tiene los apoyos contados. El PP no parece dispuesto a respaldar la ley después de que el PSOE se negará a incluir en la norma el impulso a los planes de pensiones individuales, mayoritarios en España y castigados fiscalmente en los presupuestos generales y en el proyecto de Escrivá. Otros socios tradicionales, como ERC o BNG, ya han mostrado su oposición frontal. Escrivá no cuenta, ni siquiera, con el voto garantizado de Unidas Podemos para sacar adelante un proyecto de ley que las organizaciones de pensionistas califican como un “ataque al sistema de pensiones públicas”.
Dirección contraria
El plan de Escrivá consiste en la creación de un macrofondo público de pensiones privadas de empleo, gestionadas por bancos, aseguradoras o grandes fondos de inversión y negociadas entre empresas y sindicatos. Para que los empresarios acepten participar de este sistema de ahorro complementario —que ahora apenas llega al 3% de la población activa—, el Gobierno ofrece en la ley ventajas fiscales y un ahorro a las empresas en cotizaciones a la Seguridad Social de 115 euros mensuales por cada trabajador incluido en estos planes, una medida que se traduciría en más de 400 euros al año que dejaría de ingresar la Seguridad Social por trabajador adscrito a estos planes.
En la propia memoria económica de la Ley, elaborada por el Ministerio, se reconoce el impacto que tendría esta promoción de planes privados en las cuentas públicas. En concreto, y solo teniendo en cuenta los cotizantes actuales de los planes de empleo que se verían afectados por esta exclusión en las cotizaciones, apenas unos 353.000, la pérdida para la Seguridad Social sería de 189,9 millones de euros al año.
“Si, como pretenden, hay un efecto incentivador de la cobertura de planes de empleo complementarios, y el número de participantes crece, el coste público crecería proporcionalmente”, señalan fuentes de Unidas Podemos. Si este tipo de planes privados de empleo llega al 50% de la población activa, objetivo declarado del plan de Escrivá, el impulso de estos planes privados supondrían varios miles de millones de euros menos de ingresos en la Seguridad Social.
Y eso sin tener en cuenta el dinero que dejaría de ingresar el Estado por las desgravaciones. Con las cifras actuales y solo contando con 618.634 cotizaciones, el coste para las arcas públicas de las ventajas fiscales sería de 166 millones de euros anuales, según la memoria económica. En el caso de que el plan de Escrivá funcione y los planes de empleo lleguen a la mitad de la población activa, más de diez millones de personas, esta merma de ingresos para el Estado aumentaría de forma proporcional: aproximadamente otros 3.000 millones de euros. Para la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, este plan supone “favorecer con dinero público las pensiones privadas”, una hoja de ruta que lleva “al aumento de la desigualdad y el trasvase de rentas desde las personas que menos ingresos tienen a los de mayores ingresos”.
La otra gran crítica del movimiento pensionista y de todos los socios del Gobierno a la izquierda del PSOE, incluido Unidas Podemos, es que este plan torpedea otro de los puntos clave de la reciente reforma de las pensiones: la sostenibilidad del sistema público en un momento en el que la precariedad laboral, el envejecimiento y la jubilación de la generación del baby boom solo pueden ensanchar el déficit de la Seguridad Social. La separación de los “gastos impropios” de esta entidad —que sirve de alivio temporal para ese déficit— y el aumento de las cotizaciones sociales de un 0,6% —el famoso nuevo Factor de Equidad Intergeneracional— son dos medidas que van en la dirección contraria de un plan de impulso de planes de pensiones privadas cuyo éxito depende de detraer dinero del fondo que paga las pensiones públicas y de unos presupuestos con los que se financian los gastos sociales.
Las prisas de Escrivá
Las negociaciones cruzadas entre PSOE y Unidas Podemos, con EH Bildu y Esquerra, incluso con PDeCAT y Ciudadanos llevan semanas en plena intensidad, cuenta a El Salto una fuente de Unidas Podemos. Para la aprobación del plan, el Gobierno no puede contar con ERC, que está “enrocada” en rechazar la totalidad del texto. Ciudadanos está más cerca del sí después de que el Gobierno haya aceptado aumentar los incentivos fiscales para las empresas y que haya conseguido lo que Inés Arrimadas llama la “despolitización del fondo, eliminando el derecho de veto en las inversiones”.
Tanto Más País como EH Bildu, así como otros pequeños partidos que han apoyado al Gobierno en otras votaciones, aún no han definido su voto. Tampoco está cerrada la postura de la formación de Yolanda Díaz, que presentó una enmienda parcial para suprimir el principal incentivo del plan para los empresarios, la exclusión de 115 euros al mes en la cotización de cada trabajador. Esta medida, según el texto de la enmienda, significaría “recuperar medidas que implican una reducción de ingresos para el sistema público de pensiones”. En el texto, Unidas Podemos apunta que este “privilegio de exención se daría en favor exclusivamente de las rentas del trabajo más altas, con mayor capacidad marginal de ahorro, que son los que normalmente tienen acceso a planes de pensiones complementarios”.
La presión de Escrivá para contar con el apoyo de Unidas Podemos se ha acentuado y crece a medida que se acaba el tiempo, cuenta esta fuente de UP. La inminencia de las elecciones en Andalucía y el rechazo del PSOE a incluir “la mayoría” de las enmiendas del PP, según palabras de Alberto Núñez Feijó, convierte en poco probable “el plan inicial de Escrivá”, sacar adelante el proyecto con los votos de la derecha.
La recomendación 16 del Pacto de Toledo y el compromiso con Bruselas de impulsar los planes complementarios de empleo, dice esta fuente a El Salto, no obliga a “detraer recursos de la Seguridad Social”. Las ayudas fiscales y las desgravaciones pueden ser un “mal menor” aceptable en la negociación con el PSOE, añade, pero “tocar la caja de la Seguridad Social en medio del debate sobre si hay que jubilarse más tarde”, no lo es. Más allá de estas afirmaciones, el sentido del voto definitivo de los diputados morados depende de más factores y “tampoco hay mucho margen”, matiza. La decisión final dependerá de la estrategia marcada por la dirección del partido, atrapada entre el día a día de la gobernabilidad y sus líneas rojas fundacionales.
El problema de fondo, dice este experto en pensiones de UP, es que Escrivá sueña con tener los fondos de pensiones que tienen países “donde la protección social pública basada en la solidaridad intergeneracional es raquítica o inexistente”, como Estados Unidos o países del norte de Europa. “Por muchos incentivos que meta, Escrivá no lo va a conseguir, a menos que se acometa una reducción sustancial de las cotizaciones obligatorias al sistema público”, concluye.